Nueve federaciones regionales de padel había presentado una denuncia contra el Federación Española de padel, debido a la duplicación del precio de la licencia en 2019.
La denuncia había sido interpuesta por nueve de las federaciones autonómicas más importantes (a excepción de la federación madrileña) que habían logrado acreditar un aumento ilegal del precio de las licencias, incumpliendo así los estatutos vigentes.
El veredicto del juicio de Madrid ha perjudicado a la Federación Española de padel, que deberá cancelar el aumento de precio, así como reembolsar los costos legales adicionales a las federaciones regionales.
Las acciones deAlfredo Garbisu, entonces presidente de la EPF, fueron declarados ilegales.